Habitualmente acostumbrados a los ataques a la imparcialidad que debe el Estado, parece extraño que en España nos sorprendamos cuando vemos poderes politizados. Puede que posiblemente no nos sorprendamos tanto como nos hacemos los sorprendidos. También existe la posibilidad de que, siendo quien es, merezca más crítica que otros.
Durante estas últimas semanas, parece que se ha abierto una causa social paralela a la judicial desde los medios que complacían a la derecha de este país. Hablemos con palabras claras: es cierto que ciertos partidos políticos están utilizando las informaciones destiladas del mass media para atacar indiscriminadamente al gobierno; es decir, para hacer oposición. En mi opinión, la virtud (y aplico esto al caso concreto) se encuentra en la prudencia. Lo correcto no es acusar, sino pedir explicaciones para retirar la acusación. Porque, saliendo del tema de si Rajoy ha cometido ilegalidades o no, tenemos que aprender a separar las responsabilidades jurídicas/penales, de las políticas. Quizá, no saber separarlo, nos viene de facto en España por el simple hecho de no saber separar los poderes (A saber: Un ejecutivo con poder legislativo, que nombra a un presidente del Tribunal Constitucional de su propio partido, que cambia la dirección de la Televisión Pública por ideología; y fuera de esos poderes: que cambia el sistema educativo para poder designar "a dedo" al personal de decisión, que anula la validez del trabajo de acuerdos colectivos por parte de los sindicatos, que cierra el Consejo de la Juventud por desaveniencias ideológicas. Todo esto, sí, bajo el pretexto económico, no vaya a ser que alguien se de cuenta y acampe en Sol). Después de todo, tienen potestad, porque la legitmidad la dan las elecciones. Pero lo cierto es que esa legitimidad hay que ganársela día a día. El Partido Popular ha transformado una mayoría absoluta (parlamentaria) en una ficticia mayoría social, pudiendo prescindir no sólo de los partidos políticos en las Cortes (a quienes corresponde la capacidad de legislar), sino también de los agentes sociales que recogen las motivaciones de los ámbitos sobre los que se legisla. "No estamos en una etapa de cambios, sino en un cambio de etapa" se escucha en ciertos foros; y es cierto, esta etapa parece diferenciarse de otras, por la iniciativa popular de adquirir una mayor capacidad de decisión, por la evidencia de que los partidos políticos ya no pueden seguir monopolizando la política y su actividad a través de las instituciones democráticas. Por eso, parece lógico pensar que la legitimidad democrática no la dan sólo las elecciones, sino la actuación política diaria; y esa actuación diaria tiene que pasar necesariamente por los pactos sociales.
"Estado de Derecho", "Estado de Bienestar", son conceptos que escuchamos mucho habitualmente, por desgracia, no de la mejor manera, ni con las mejores intenciones. Pero, ¿qué son esos dos entes de los que tanto se habla en la política? Hay una parte más o menos explícita, que todos y todas conocemos: El Estado de Derecho garantiza ciertos derechos y libertades básicas del individuo, y el Estado de Bienestar procura el bienestar básico de la ciudadanía. Encontramos entre estos dos conceptos una triple entente (Justicia, Sanidad y Educación). La segunda parte, y puede que la más importante, y la que menos se dejar ver, es su condición estatal. A pesar de ser de manera inevitable ámbitos claramente afectados/reformados por decisiones políticas, han de ser más o menos estables respecto a los cambios políticos. Y aquí es donde España falla más. No sé donde reside el problema, no sé si es la voluntad política, o la flexibilidad de nuestra constitución, pero lo cierto es que en comparación a otros países, vemos como en España no hay apenas asuntos "de estado". Nunca los ha habido, pero parece que las políticas del gobierno de Mariano Rajoy han evidenciado más que en otras ocasiones la posibilidad de que un gobierno cualquiera, aprovechando la coyuntura, pueda cambiar el modelo de Estado a su antojo. Precisamente Platón decía que la democracia era un modelo negativo, porque la asamblea podía hacer y deshacer cualquier cosa según apeteciera (cosa que se demostró que no era del todo cierta; pero bueno, Platón era un déspota).
Tenemos que plantearnos seriamente un cambio valiente. Una reforma que sepa dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Aquí nos encontramos ante dos problemas: el discurso fácil y populista, y el discurso que mira al dedo y no al cielo. No dejo de ver titulares que se quieren travestir de magnificas ideas sin redacción. No existen soluciones fáciles a un problema tan asentado como el que padecemos. Me asaltan dudas muy grandes cuando escucho peticiones como la de una "democracia real", porque no sé lo que es una democracia real, y porque nunca me lo han explicado. He oído formulaciones como que hay que llegar un ciudadano un voto, acusando de todos los males de la democracia a la ley electoral, pero sinceramente, anular la proporcionalidad territorial no me parece algo acertado en un Estado que aspira (o debería aspirar) a su descentralización. Yo sin duda no estoy cualificado para dar estas respuestas, y por eso creo que tenemos que sentarnos, y escuchar las propuestas, vengan de donde vengan. No va a ser fácil, ni va a ser rápido, pero nuestro problema en muchas ocasiones ha sido de falta de paciencia, de querer hacer las cosas rápido y mal con resultados nada favorables. Lo que sí que creo, es que hay que avanzar a un modelo federal, con competencias definidas, y asuntos de estado que no se vean amenazados ante los cambios políticos. Y transparencia, palabra clave para alcanzar un mayor control a las instituciones, y recuperar, poco a poco, la dignidad que merecen.
Alguien dijo alguna vez, que el liberalismo era dejar a un zorro libre en un gallinero. Pensábamos que convivíamos con corderos, pero ya se han quitado el disfraz. Amigos y amigas, han secuestrado la democracia, con todo lo que ello significa, y no nos podemos callar, porque es la democracia lo único que garantiza que el Estado no se convierta en un instrumento amoral que sólo sirva para el beneficio económico de una minoría poderosa que entiende a la ciudadanía como mera mercancía.
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